
El Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (CSACE) tiene su origen en el Cuerpo Técnico de la Administración Civil (TAC) que nació en la segunda mitad del pasado siglo con un doble objetivo. De un lado, trataba de responder a las necesidades de creación de un cuerpo generalista, que proporcionase al Estado una visión global de las distintas áreas de la actividad administrativa, frente a la visión fragmentada que hasta el momento proporcionaban los cuerpos especiales de cada departamento. De otro lado, su objeto era el de contribuir a las exigencias de respeto a la legalidad y modernización de nuestro país. Para ello, resultaba necesario contar con un conjunto de profesionales altamente cualificados, idóneos para dotar a la Administración de la oportuna capacidad de análisis. Se trataba, en definitiva, de favorecer la progresiva incorporación de España al nivel de desarrollo de nuestro entorno europeo, a través de una masa crítica que contribuyese a alcanzar una visión estratégica de la realidad social, económica y política, tanto en el plano nacional como en el internacional.
Por esas razones, el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado se ha configurado como un Cuerpo integrado por profesionales con diversa formación de base. A ello responde la existencia de cuatro ramas diferentes para el ingreso en el mismo: la jurídica, la de ciencias sociales, la económica y la técnica. Atendiendo a aquellos objetivos iniciales, los actuales miembros del Cuerpo desempeñan todo tipo de funciones directivas al servicio de la Administración. Desde labores gerenciales hasta tareas de asesoramiento de altos cargos, pasando por las unidades de legislación y estudio en relación con las distintas políticas públicas desarrolladas por la Administración General del Estado. Finalmente, no pocos miembros del Cuerpo han venido asumiendo las más altas responsabilidades del Estado, desde la presencia en el Consejo de Ministros hasta el desempeño de sus funciones como titulares de los restantes órganos, superiores y directivos, del Estado.